En Marcinelle, ciudad minera de Vallonia (Bélgica), el 8 de agosto murieron 262 mineros, en su mayoría italianos, en la minera “Bois du Cazier”. El 8 de agosto de este año se volvió ocasión para una repugnante retórica nacionalista en línea con la hipócrita institución de la “Día nacional del sacrificio del trabajo italiano en el mundo”. Meloni declaró: “En esta jornada, honramos también esta grande historia y renovamos la unión con nuestros connacionales en el exterior, hombres y mujeres enamorados de Italia y que contribuyen a volver nuestra Patria amada y apreciada en el mundo”. En primera fila en las celebraciones también otros exponentes del gobierno fascista en el cargo que se apresta, después de varios decretos liberticidas y represivos y después de la ley antipopular y racista sobre la autonomía diferenciada, a mandar al puerto la contrarreforma del premierato con el fin de cristalizar un régimen fascista.
Proletarios, campesinos y pequeños ganaderos pagaron, a partir de finales del siglo XIX, y continúan pagando aún un precio altísimo en términos de emigración forzada, muertos en el trabajo en el exterior, discriminaciones, racismo y linchamientos, a causa de una unificación de Italia fundada sobre intereses y lógicas económicas y sociales estructuralmente antiobreras, antipopulares y antidemocráticas. Italia es el único país en el mundo que exportó millones y millones de obreros y de campesinos, una emigración que empobreció enormemente regiones enteras del país, como en el caso de la redución a la mitad de la población de Cerdeña. La santa alianza entre el capital financiero e industrial del Norte y los grandes latifundios, entre los cuales en particular los feudales y semi-feudales del Centro-Sur, determinó la constitución de un bloque dominante que, aún pasando a través de varios procesos de reestructuración, basó su propio dominio en la superexplotación del proletariado industrial, sobre el sistemático empobrecimiento y opresión servil de las masas campesinas y sobre la gestión semicolonial del Sur. Una constante histórica que se mantuvo en el tiempo hasta encontrar un devastante replanteamiento en la política del actual gobierno fascista.
El fascismo de Mussolini continuó la obra de los liberales reaccionarios y de la monarquía. Como consecuencia de la aprobación por parte del Gran Consejo del Fascismo del orden del día Grandi (julio de 1943), gran parte del régimen fascista junto a la monarquía se reprodujo y se recicló en el marco de la hegemonía de los EE.UU y de GB, formando las bases, junto a la contribución del Vaticano, para ese “nuevo Estado” llamado democrático y constitucional que, gracias al punto de inflexión y a la degeneración reaccionaria del PCI de Togliatti, salvó y reintegró sustancialmente también los republichinos mussolinianos.
Este es el Estado que, entre las tantas innumerables infamias, teorizó que la verdadera solución de los problemas de la economía italiana consistía en la promoción de la emigración al exterior y que, en línea con tales afirmaciones, en 1947 con el gobierno de De Gasperi y la firma del protocolo Italo-Belga, vendió literalmente 63.000 trabajadores italianos a Bélgica para el trabajo en las mineras, en gran parte obsoletas y notoriamente carentes, si no esencialmente privadas de estructuras aptas a garantizar la seguridad de los trabajadores. Todo esto a cambio de carbón para los grandes monopolios industriales del Norte de Italia. Proletarios y campesinos obligados por un infame capitalismo italiano, por un perdurante imperialismo por los tratos semi-feudales, a trabajar en las mineras en condiciones inhumanas hasta la inevitable tragedia, hasta los centenares de muertos en el trabajo de Marcinelle.
Muertos por tanto en primer lugar causados por el capitalismo y por el Estado italianos, muertos en el trabajo que las retóricas celebraciones nacionalistas y fascistas de estos días contrabandean como “muertos por la patria”, muertos de los cuales se exalta “el sacrificio” por los “intereses de la nación”. Muertos asesinados por los mismos intereses y por las mismas lógicas que cada año cosechan decenas de miles de muertos en el trabajo (a través de infortunios y resultados infaustos de enfermedades profesionales, en gran parte ni siquiera reconocidas). Todo esto en un país que reduce a una farsa la salvaguardia de la salud y de la seguridad de los trabajadores, que usa a los médicos competentes de las empresas (al servicio de los dueños) para marginar, acosar laboral y despedir a los trabajadores y que con el recientísmo decreto de Meloni, no por casualidad sucesivo al atroz episodio de Latina con un jornalero irregular dejado morir desangrado por el jefe y por los caporales, legaliza practicamente cualquier violación, imponiendo a los poquísimos “inspectores del trabajo” existentes proveer preventivamente, en tiempos razonables, y avidar a las empresas en ocasión de las inspecciones. Esto respecto a las ya escasas y aleatorias normas sobre la seguridad en los puestos de trabajo y sobre las verificaciones del trabajo irregular.
Honrar a los muertos de Marcinelle quiere decir unir la lucha y la organización sindical de clase con la lucha por el derrocamiento del fascismo y por la eliminación del abominable imperialismo italiano.
POR LA DEMOCRACIA POPULAR