El 19 de junio murió el jornalero agrícola de origen indio Satnam Singh. En la jornada del lunes 17 de junio había perdido un brazo, cortado de raíz por una maquinaria para el corte del heno mientras prestaba su trabajo en condiciones serviles para una empresa agrícola de Latina. Los jefes y los caporales impidieron el uso de los celulares para llamar a socorristas. Lo cargaron sobre un furgón y lo dejaron cerca de su casa con el brazo cortado al lado dentro de una caja para frutas. Murió después de 36 horas a causa de la excesiva pérdida de sangre. Satman estaba obligado a fuertes turnos de trabajo, era pagado a 4 euros la hora y trabajaba sin contrato. Esta situación es emblemática de la mayoría de los jornaleros agrícolas “italianos”, “comunitarios de los países del Este” y “extranjeros”, que son cotidianamente movidos en la agricultura. Se trata de un número estimado, entre los datos del INPS y sucesivas estimaciones del ISTAT, en torno a 1.200.000 unidades. De hecho las estimaciones son efectuadas sobre la base de los datos proporcionados trimestralmente por las mismas empresas agrícolas, por tanto resultan ampliamente subestimadas. Si consideramos un posterior 30%-40% de trabajo irregular y sumergido podemos considerar verosímil la cifra de 1.500.000 jornaleros. Operan con salarios ampliamente inferiores al salario medio de un obrero de la industria, a menudo inferiores un 50%, 60%. Son obligados a turnos prolongados hasta de 12-14 horas diarias. Son sometidos a sistemas de pago, al menos por parte del salario, en mercancías (alimentos, tarjetas telefónicas) y servicios (casas deterioradas, transporte, prácticas administrativas, etc.). Las trabajadoras son habitualmente sometidas a chantajes y violencias sexuales. Cooperativas que fungen de agencias de intermediación y caporales dirigen la fuerza de trabajo en un sector donde monopolios, grandes empresas y criminalidad organizada operan conjuntamente en el control y en la represión cotidiana de los jornaleros. Todo esto bajo los ojos de los aparatos estatales, que promueven y legitiman este sistema aprobando leyes racistas, que unen al trabajador al jefe con relaciones de dependencia serviles y que legitiman la operación de los caporales y de las mafias.
Eso ocurre en un sistema de relaciones agrarias estructuralmente caracterizado por los resultados de las llamadas reformas agrarias de los años Cincuenta del siglo pasado. Reformas, deseadas por el imperialismos norteamericano y realizadas mediante indemnizaciones elevadas y el suministro a los campesinos cesionarios de contratos semi-feudales (enfiteusis) con los Entes de reforma, que buscaron producir una extrema fragmentación de la pequeña empresa campesina, y a generar un irresoluble dualismo entre macro-fondo y micro-fondo. Se dejó así esencialmente inmutado el poder de los latifundios (con límite de 300 hectáreas, pero extendible hasta 750 y más allá), los cuales en buena parte se estaban combinando con el robo especulativo del suelo y el control de los contratos de las obras públicas. En el Sur de Italia y en las Islas, al servicio y a la sombra del gran capital monopolista industrial y financiero del Norte de Italia y del capital extranjero, se vino a crear así un nueva generación de propietarios semi-feudales y de burguesía comercial y financiera a ellos estrechamente unida. Una nueva generación poco interesada en el desarrollo capitalista de la agricultura, que ira a la máxima explotación de los jornaleros y a las inversiones en la especulación inmobiliaria que, en algunas zonas del Centro y sobre todo en el Sur y en las Islas, continuó como los viejos propietarios agrícolas dominando en los Entes públicos y en el Estado en la notable relación con la mafia. Una piedra angular, junto al capital imperialista del Norte de Italia, a sectores unidos al capital extranjero (de EE.UU y alemán en particular) y a la gran burocracia estatal capitalista, del monstruoso bloque dominante en nuestro país, que hoy marcha velozmente en dirección del fascismo y del expansionismo belicista.
Resulta erróneo confundir la empresa agraria capitalista con la empresa agraria de tipo parasitario-especulativo directa heredera de los latifundios semifeudales. En el Sur está sobre todo este último tipo de empresa prevaleciendo en las relaciones agrarias. Y es en particular este tipo de empresa que impone a los jornaleros relaciones de producción semi-serviles. De esto modo, es sin embargo el entero número de jornaleros que se resiente, también el de las empresas capitalistas más desarrolladas y mayormente integradas con la industria, ya que las relaciones semi-serviles condicionan la caída incluso de aquellas mayormente definidas en sentido capitalista. Mientras en el conjunto, tal tipología de haciendas representa una de las causas de la profunda crisis agraria que atraviesa Italia y que muchos, por salvar los grandes capitales y las grandes rentas y para difundir el racismo y el fascismo, tienen interés en atribuir a los efectos de la concurrencia del sistema agrícola de otros países.
En la agricultura y en la cría de ganados italianos son un millón las empresas, prevalentemente colocadas en el Centro-Sur y en las Islas, que ocupan hasta un máximo de una unidad de fuerza de trabajo anual. La casi totalidad de tales haciendas tienen una superficie agrícola utilizada [SAU] menor de 5 hectáreas, pero dirigen solo el 12,6% de la SAU en su conjunto, mientras aquellas con más de 20 hectáreas de SAU representan apenas el 9% del total, a lo cual sin embargo es imputable el 64,8% de la SAU general. La casi totalidad de las micro-empresas y pequeñísimas empresas sobreviven a duras penas. Muchos campesinos son a su vez también jornaleros o son campesinos explotados que operan en alquiler o en comodato gratuito. En este último caso proporcionan a menudo trabajo sumergido a cambio de los productos cultivados sobre los terrenos de los propietarios.
La mísera condición de millones de jornaleros y campesinos (en su conjunto casi 2.500.000) es expresión de una estación de reformas agrarias abortadas en los años Cincuenta y representa uno de los fundamentos de replantear y de la continua acentuación (hoy incomparablemente agravado por la aprobación de la ley racista y antisureña de la autonomía diferenciada) de esa que Gramsci llamaba “Cuestión Meridional y de las Islas”.
En su conjunto en Italia, sin tener en cuentas las aspiraciones y los intereses de los jornaleros, campesinos pobres, pequeños ganaderos, etc., no es pensable ninguna solución real de la cuestión agraria, ninguna verdadera recuperación económica, política, moral y social del Sur y de las Islas, ninguna revolución democrático-popular.
POR LA DEMOCRACIA POPULAR